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Paisano dejó daño patrimonial por 100 mdp en San Andrés Cholula: Karina Pérez

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Magdalena  Marlo

Aproximado a los 100 millones de pesos es el aparente daño patrimonial dejado por el gobierno del expresidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias y a esta irregularidad, además se suma la detección de una red de corrupción que algunos funcionarios o exempleados implementaron para alterar movimientos financieros en las oficinas de Tesorería, Catastro y Predial, para que “algunos” pagarán menos en trámites, principalmente licencias y pago de impuestos.

Así lo reveló la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, luego de que concluyera la sesión ordinaria de Cabildo, en la cual los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron el dictamen de entrega-recepción que será enviado  a la Auditoria Superior del Estado.

En su oficina y ante varios medios de comunicación, la primera regidora enlistó varias de las observaciones apuntadas y comenzó al señalar anomalías financieras de más de 50 millones de pesos en el apartado de adquisiciones, compra de equipo, reparación de unidades, contratación de prestaciones en servicios públicos, así como sobrecostos en el pago de concesiones, como sucede en el tema de Recolección de Basura, donde el Ayuntamiento recauda 11 millones de pesos por este servicio, pero paga 36 millones a la empresa beneficiada para ejecutarla.

También citó otra partida económica sin sustento por el orden de los 27 millones de pesos, de los cuales 15  fueron erogados para la construcción del nuevo DIF, pero que no fueron licitados y el resto  se desconoce su paradero porque fue un ingreso cobrado por consultas y terapias, cuando esos apoyos eran gratuitos.

Por todas esas observaciones comentó que la próxima semana tendrá que comparecer el exalcalde panista Leoncio Paisano Arias, quien en próximas horas será notificado, porque hay muchas observaciones que tendrá que aclarar.

Y también ventiló que su administración depositará una demanda penal contra quienes resulten responsables de la instalación de un sistema informático que fue usado por algunos exfuncionarios o empleados en activo – hecho que quedará aclarado en la investigación iniciada por Contraloría Municipal y donde actualmente están en este proceso cinco personas- para reducir pagos derivados en la otorgación de licencias y permisos en las áreas de Catastro y Predial, pues éstos aprovechaban la noche o madrugada para ingresar a los sistemas oficiales  y hacer a conveniencia los cambios, y hasta ahora se tiene estimado que más de 3 mil expedientes fueron perturbados.