San Andrés Cholula, Pue.- Debido a que vulneraron diferentes derechos de ciudadanos pertenecientes a San Pedro y San Andrés Cholula, sus respectivos ediles, Paola Angon Silva y Edmundo Tlatehui Percino, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH), les emitió recomendaciones.
En el caso de Angon Silva, edilesa de San Pedro Cholula, recibió la recomendación por vulnerar el derecho humano a la seguridad jurídica, integrado en el expediente 4209/2021 donde se documentó que el 13 de agosto de 2021, se recibió la queja presentada por el peticionario en donde se describieron los hechos violatorios de derechos humanos a las víctimas, ocurridos la madrugada del día referido, al ser detenidas tres personas en un operativo de seguridad “alcoholímetro” ubicado en San Pedro Cholula, donde policías municipales provocaron lesiones a las víctimas.
En su comunicado, la CDH recomienda a Paola Angon proporcione atención psicológica a las víctimas, se repare el daño en contra de los afectados y se de vista a la contraloría para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable.
Por su parte, en referencia al municipio de San Andrés Cholula, su alcalde Edmundo Tlatehui Percino la recomendación quedó asentada bajo el número 27/2022 y de acuerdo a las evidencias integradas en el expediente 3246/2022, para este organismo protector de derechos humanos, quedó acreditado que una peticionaria presentó el 6 de diciembre de 2021, un escrito en las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla; específicamente ante la Secretaría de dicho Ayuntamiento; sin que la autoridad señalada como responsable diera contestación en tiempo y forma al citado escrito.
Es por ello que se recomienda atender el escrito de la peticionaria, se emita una circular para que todos los colaboradores se abstengan de atentar en contra de los derechos humanos, además de capacitar a los trabajadores y se da vista a la contraloría municipal para que determine si existen lo necesario para iniciar un procedimiento de determinación de responsabilidades y en el momento procesal oportuno resuelva lo que en derecho proceda, por las omisiones de las personas servidoras públicas, que estuvieron involucrados en los presentes hechos y que omitieron dar respuesta a la petición de la persona.
