La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca y el empresario constructor Julio César Ramírez, destaparon inconsistencias que fueron cometidas en la Secretaría de Desarrollo Urbano, durante la gestión del exedil panista Miguel Ángel Huepa Pérez, donde se pidieron dadivas como la entrega de lotes a cambio de obras.
Públicamente, el inversionista que ante medios de comunicación contó la afectación económica y patrimonial que sufrió, dio a conocer que el propio expanista y su operador Carlos Alberto Ibáñez Alcocer, quien además este último fue el intermediario, diseñaron la estrategia para que la entrega de los cuatro lotes que le pidieron en ese entonces, se concretara ante notario público.
A cambio le prometieron obras de servicios públicos y pavimentación que beneficiarían su predio, dividido en 33 lotes, pero que en el 2012, sólo comenzó a ofertar 29, porque tuvo que ceder cuatro a la esposa del exalcalde, Liliana Castillo.
Refirió que los exservidores públicos para evitar señalamientos futuros, lo convencieron de realizar un contrato de compra-venta, en el cual se asentó que en calidad de constructor había recibido más de 1.5 millones de pesos por la venta de los lotes, cuando eso no sucedió, puesto que no se podía poner que era una dadiva.
Pero el declarante, con papeles en mano, indicó que tuvo que ceder porque lamentablemente en ese momento así funcionaba la administración pública y además le habían prometido que con ese intercambio, su terreno sería más rentable en el mercado, hecho que no sucedió porque ni agua potable y menos drenaje le colocaron en la zona donde haría su fraccionamiento, que pertenece a la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo.
Del 2012 hasta el 2018, dijo que reclamó a Carlos Ibáñez Alcocer las promesas incumplidas, pero éste lo condujo con expresidente Leoncio Paisano Arias, quien no le dio soluciones.
Aseguró que, en el año del 2016, sólo firmó otro contrato de compra-venta que sustituyó al anterior, pero aprovechó el momento para negarse a dar los cuatro lotes ante la falta de trabajos y de esa manera sólo dio dos, pero éstos ya no fueron puestos a nombre de Liliana Castillo, sino salieron a nombre de Carlos Ibáñez y Pepe Hanan.
Tanto la alcaldesa en turno, como el afectado, dijeron que si hicieron pública esta irregularidad detectada es para buscar justicia, pues es lamentable que este tipo de situaciones se den en perjuicio de los inversionistas.
