San Pedro Cholula.- El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), se declaró incompetente para conocer y resolver la demanda de la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, por lo que seguirá sin firmar contratos o convenios del ayuntamiento, después del “cabildazo” que le dieron los regidores el pasado 1 de septiembre del presente año.
La propia funcionaria fue quien interpuso el recurso TEEP-JDC-106/2022 en contra del acuerdo aprobado por el Cabildo de dicho Ayuntamiento, en sesión ordinaria del uno de septiembre de este 2022, y en Sesión Pública de este jueves los magistrados atendieron el juicio para la protección de los derechos político-electorales y no le regresaron a Angon Silva la facultad de suscribir contratos por cuenta propia.
“Del análisis, se carece de competencia para conocer y resolver el medio de impugnación presentado por la Actora, ya que, si bien le asiste un derecho como Presidenta Municipal de suscribir contratos y actos que sean de interés del municipio, la esencia del acto reclamado se desenvuelven en el ámbito de competencia organizativa del Ayuntamiento, pues encuadran en el marco de las atribuciones internas previstas para la propia autoridad municipal, tal y como lo señalan los artículos 115 de la Constitución Federal y 102 de la Constitución local”, externaron los magistrados.
Según la explicación que dieron los magistrados por la que Paola Angón no puede suscribir contratos. Además “no se advierte que el acto reclamado pudiera relacionarse de alguna manera con la materia electoral y, por tanto, no se configura la afectación al derecho político-electoral”.
De esta manera, el Tribunal Electoral de Puebla no advierte que el acto reclamado por la alcaldesa panista pueda relacionarse con la materia electoral, por lo tanto, “no se configura la afectación al derecho político-electoral a ser votada, al libre acceso y despeño del cargo, porque el asunto está vinculado al ejercicio de autoorganización interna del ayuntamiento de San Pedro Cholula”.
Paola Angon intentaba anular el acuerdo de la sesión de Cabildo del pasado 1 de septiembre, cuando los regidores anularon una facultad prevista en la Ley Orgánica Municipal y en diversas leyes en favor de quien ocupa el cargo de presidente municipal, que consiste en prohibirle firmar convenios o contratos, aun y cuando sean propios de su función.
